Sin embargo, existe una importante brecha de implementación entre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y las leyes y políticas nacionales para apoyar y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. También hay una proliferación de leyes nacionales que restringen y criminalizan el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos.
ISHR trabaja para garantizar que los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos elaboren normas, resoluciones y recomendaciones más estrictas sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, y que los Estados promulguen leyes y políticas nacionales para dar efecto a estas normas.
Las actividades clave en este sentido incluyen:
- desarrollar una Ley Nacional Modelo sobre el Reconocimiento y Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en varios idiomas;
- proporcionar orientación y asesoramiento legal y técnico a los actores de la sociedad civil y los Estados con respecto al desarrollo e implementación de leyes y políticas para las personas defensoras de los derechos humanos, así como en relación con campañas y estrategias para modificar o derogar la legislación restrictiva;
- abogar ante mecanismos internacionales y regionales para fortalecer las resoluciones y estándares en relación con las personas defensoras de los derechos humanos y cuestiones relacionadas
En 2023, como parte de las actividades para conmemorar el 25.º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre personas defensoras de los derechos humanos, ISHR y 17 organizaciones de derechos humanos consultaron a más de 700 personas defensoras de los derechos humanos y colaboraron con personas abogadas y expertas en derechos humanos. El resultado de todos estos debates es la Declaración+25, que se lanzó en junio de 2024.
La Declaración +25 es un documento impulsado por la sociedad civil y basado en el derecho internacional. Complementa la Declaración de las Naciones Unidas y debe leerse junto con ella. Juntas, establecen los parámetros y las normas para proteger el derecho a defender los derechos y a quienes lo ejercen.
